EPS negaba un implante de esfínter anal.

A Luis Alfonso Sabogal le diagnosticaron un tumor en el ano y en noviembre de 2003 le practicaron un descenso abomino perineal de colon y quedando pendiente una nueva cirugía para restablecer el mecanismo esfinteriano. Su médico tratante solicitó autorización para la colocación de un esfínter anal que se encuentra en el mercado y este implante fue negado por la E.P.S. en razón a que no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud.

Ante esta respuesta el señor Sabogal interpuso una acción de tutela, pues consideraba que la EPS le estaba vulnerando su derecho a la salud, a la vida y a la dignidad. De igual manera consideró violado su derecho a la igualdad, pues había aparecido publicado en un diario de circulación nacional que otra EPS asumió los gastos de una cirugía para la implantación de una prótesis de esfínter para curar la incontinencia anal de un ciudadano que tenía los mismos problemas de salud.

La apoderada de la E.P.S. en el trámite de tutela manifestó que el esfínter anal artificial no se encontraba incluido en el POS, por tanto, la entidad no está obligada a suministrarlo, además que el aditamento no se estaba disponible en el mercado Colombiano, y el costo aproximado del mismo era de treinta mil dólares (casi ochenta millones de pesos), sin contar con el costo médico de la intervención quirúrgica requerida para implantarlo, ni el costo de los honorarios médicos.

Las sentencias de instancia

Los Juzgados 65 Civil Municipal y 19 Civil del Circuito de Bogotá negaron la tutela al considerar que la falta del suministro del esfínter anal artificial, no amenazaba o ponía en peligro los derechos fundamentales del paciente, y además por cuanto no se probó que con las atenciones médicas dispensadas al paciente por parte de la E.P.S. y con la cirugía que se le ha ordenado, pudiera lograr una vida digna.

La revisión de la Corte Constitucional

El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para proferir una sentencia de revisión, dada la afectación de los derechos fundamentales del paciente y la necesidad de sentar pautas jurisprudenciales claras en este tipo de casos, sobretodo por tratarse de el tema de la salud y la vida en condiciones dignas. La Corte analizó y reiteró su posición en los siguientes aspectos

El derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas

Se reitera que el derecho a la salud puede ser amparado por vía de acción de tutela, ya que su amenaza o vulneración, también pone en riesgo los derechos fundamentales con los cuales tiene directa relación. De igual manera, en aquellos eventos en los cuales la salud y la vida de las personas se encuentran grave y directamente comprometidas a causa de operaciones no realizadas, tratamientos inacabados, diagnósticos dilatados, drogas no suministradas etc., bajo pretextos puramente económicos, aún contemplados en normas legales o reglamentarias, la jurisprudencia ha permitido que el juez de tutela ampare los mencionados derechos teniendo en cuenta la prevalencia de los preceptos constitucionales superiores.

Inaplicación de las disposiciones del P.O.S.

En virtud de la supremacía de la Constitución sobre las demás fuentes formales del derecho, se ha inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar que una reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías constitucionales. Así, antes de inaplicar la legislación que regula las exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de Salud, se debe verificar si se presentan las condiciones determinadas por la jurisprudencia constitucional, por ejemplo: que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal del interesado o a la vida digna, pues no se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales derechos; que se trate de un medicamento, tratamiento, prueba clínica o examen diagnóstico que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del Plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente; que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.) y que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.

Cumplidas estas condiciones, la E.P.S. se encuentra obligada a prestar el servicio, y con el fin de preservar el equilibrio financiero, tiene derecho a repetir contra el Estado, específicamente contra el FOSYGA, para que le sean restituidas las sumas de dinero que tuvo que utilizar.

Caso Concreto

Analizado el caso particular del señor Sabogal, estimó la Corte que a pesar de que la realización del procedimiento no reviste un considerable grado de urgencia, sí era evidente su necesidad para proteger su derecho a la salud y en especial a la vida digna, pues la falta de reconstrucción del mecanismo esfinteriano a través de la implantación del esfínter anal artificial, vuelve indigna la existencia del paciente, ya que no le permite gozar de una óptima calidad de vida, en especial en lo relativo a la vida de relación, y, por consiguiente, le impide desarrollarse plenamente tanto en el entorno familiar como en la comunidad.

En este orden de ideas, no se puede dejar de proteger a una persona que ve menguada su salud y su derecho a una vida digna, en razón a la negativa de la EPS demandada en disponer lo necesario para la realización de un procedimiento quirúrgico que implicaría una mejora notoria en su calidad de vida y en su salud, por tanto se revocaron los fallos de instancia y en su lugar se concedió la tutela ordenando a la EPS que autorizara la intervención quirúrgica de implantación del esfínter anal artificial que requiere el señor Luis Alfonso Sabogal Rengifo, con la posibilidad de repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por lo que pague en cumplimiento del fallo de revisión de tutela.

(Corte Constitucional. Sentencia T- 023 de 20 de enero de 2005. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra)

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