Colombianas siguen teniendo dificultades para abortar, a pesar de que es legal en tres casos

El jueves 30 de abril fue motivo de júbilo para las abogadas de Womenslink Worldwide, una ONG que ha hecho de la defensa del derecho a abortar una de sus causas. Acababan de recibir la respuesta a un derecho de petición elevado a la Secretaría de Salud de Bogotá y a la Superintendencia de Salud para que informaran sobre el estado de una demanda de Migdony Yolima Bernal contra el Hospital de San Ignacio por haberle negado la interrupción voluntaria del embarazo aduciendo objeción de conciencia colectiva.

La respuesta de la Secretaría indicaba que la señora había ganado la demanda y que el hospital había sido sancionado con una multa 25 salarios mínimos -algo más de 120 millones de pesos-. La decisión, que fue objeto de recursos por el prestador sancionado y que está en trámite, de todos modos sienta un precedente pues hace prevalecer el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en casos de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre, sobre las creencias religiosas.

“Las clínicas de religiosos han adoptado la objeción de conciencia como excusa para no cumplir la sentencia y por eso esta sanción es un precedente muy importante”, asegura Sandra Mazo, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Y es que, contrariando la ley, en algunos hospitales las objeciones de conciencia colectivas e institucionales han hecho carrera, como en Norte de Santander y La Guajira, pese a que la guía técnica de políticas para el Sistema de Salud de la Organización Mundial de la Salud dice: “Si no hay ningún proveedor alternativo -dada la objeción, el profesional de salud deberá realizar el aborto para salvar la vida de la mujer o para prevenir daños permanentes a su salud, en cumplimiento de la ley nacional”.

La despenalización del aborto en los tres casos mencionados lleva solo tres años de vigencia y su cumplimento deja mucho qué desear por parte de las autoridades tanto de salud como judiciales. “Ha faltado voluntad política por parte del Estado”, le dijo a CAMBIO Aroldo Quiroz, ex procurador delegado de la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia-.
“En lugar de obstaculizar, el Estado tiene que hacer un portafolio de servicios en el que haga público el censo de médicos, hospitales y clínicas donde practican la interrupción del embarazo”.

Pese a la despenalización en tres circunstancias específicas, el aborto sigue siendo clandestino en la mayoría de los casos, cumplan o no con esas condiciones. Se trata de un fenómeno creciente: al año se practican más o menos 350.000 abortos ilegales. Según el Ministerio de Protección Social, entre julio de 2007 y julio de 2008 se hicieron 201 de forma legal. Sin embargo, un informe de la Procuraduría de mayo de 2008, indica que a dos años de la despenalización solo había 16 casos de abortos legales registrados en el Ministerio de Protección Social y 12 en el ICBF. Sin duda, el problema de la falta de estadísticas ciertas se debe a que el aborto sigue siendo un tema tabú.

En ‘plata blanca’

Las objeciones de conciencia individuales o colectivas y la no prestación del servicio en los casos que lo ameritan y que están contemplados en la ley, así como el incumplimiento de la norma, son causa de numerosas tutelas que congestionan el sistema de Justicia y el trámite de cada una le significa a la Nación cerca de cinco millones de pesos. A eso se suman los jueces que imponen sus creencias y niegan las tutelas, lo que obliga a acudir a los tribunales, y las investigaciones disciplinarias. Un proceso que puede durar meses y que en caso de ser favorable a la demandante puede ser demasiado tarde.

El camino abierto por la Corte Constitucional está lleno de obstáculos, pero aun así las mujeres tienen instrumentos para hacer cumplir la ley. El grupo Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que dirige Beatriz Quintero, desde 2006 hasta hoy ha asesorado a 84 mujeres que han encontrado trabas a la hora de pedir la interrupción del embarazo y casi todas lograron sortear con éxito las dificultades.

La abogada Mónica Roa, destaca como logros el hecho de que en tres años ninguna mujer haya muerto por no haberse podido practicar un aborto; que un médico haya cuestionado públicamente a sus colegas en un congreso de Ética Médica, y que el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, opuesto a la práctica del aborto, haya convocado a los médicos para explicarles sus derechos y obligaciones sobre el tema. “Es un proceso culturalmente largo en el que se necesita más compromiso del Gobierno, porque hasta ahora lo que se ha logrado ha sido gracias a organizaciones dedicadas a informar sobre el tema ¿dice Roa¿. Faltan más campañas institucionales que les expliquen a las mujeres sus derechos”.
También hace falta que los tribunales de ética médica se pronuncien en casos de incumplimiento de la ley, pues hasta ahora no lo han hecho a pesar de que la sentencia los obliga. Y cuáles son las consecuencias de la posición contra la interrupción del embarazo que hizo pública la nueva procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos. Por lo pronto, la Procuraduría no prorrogó el convenio de cooperación con Womenslink Worlwide para la formación de sus técnicos en la aplicación de las normas.

Como dice Juanita León en lasillavacía.com, “cuando Alejandro Ordóñez fue elegido procurador general se defendió de aquellos que criticaban que sus posturas religiosas interferirían con su trabajo. Tardó tres meses para darle la razón a sus críticos”.

No obstante, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en tres casos específicos está consagrado en la ley y es obligación del sistema de salud prestar el servicio. “El derecho de la mujer es tan básico y los casos para los que se despenalizó son tan obvios, están tan relacionados con su posibilidad de definirse a sí mismas, que esto debería estar más allá de la pelea ideológica ¿dice Isabel Cristina Jaramillo, directora del área de Teoría Jurídica de la Facultad de Derecho de Uniandes¿. Las mujeres tiene un derecho reconocido por la ley”. Eso es lo que cuenta.

Caso del San Ignacio

Según el informe de Womenslink Worldwide, el feto de la demandante del San Ignacio, luego del ir y venir que la hizo llegar casi al tercer mes de gestación, según los médicos del hospital, tenía problemas de hidrocefalia, del corazón y un foco hiperogénico en desviación del eje cardiaco, “un caso muy raro”, le dijeron a la pareja. Por ello, luego de la confirmación de la ecografía, desde la primera cita solicitaron la interrupción del embarazo, que luego de varias solicitudes obtuvo la respuesta “están en todo su derecho, pero nosotros acá no llevamos a cabo esos procedimientos”. Además, otro médico tratante les dijo que el diagnóstico no era letal, “que el feto no se iba a morir y que un ser podía vivir con todos esos problemas”. Finalmente, luego de numerosos obstáculos, la mujer pudo practicarse el aborto en el Hospital San José.

“La sanción al San Ignacio es clave para que los hospitales religiosos no bloqueen la norma”. Sandra Mazo, Católicas
por el Derecho a Decidir.

“Acá las mujeres no saben que tienen el derecho a abortar. Falta más compromiso estatal”. Mónica Roa, abogada de
Womenslink Worldwide.

“La objeción está haciendo de cada uno un legislador. Hasta para hacerse una ligadura de trompas se está invocando”. Isabel Cristina Jaramillo, U. de los Andes.

“La mujer decide cuánto riesgo corre al abortar. Tiene el derecho a hacerlo”. Beatriz Quintero, Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

“La carga ideológica de los funcionarios se está imponiendo a la aplicación de la norma”. Aroldo Quiroz, ex procurador
para Infancia, Adolescencia y Familia.

“Hay que crear redes de apoyo para las mujeres. Están solas y las siguen estigmatizando”. Daniela Vergel, abogada
Womenslink Worldwide.

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